Consejo Anticorrupción
Ética estuvo en el centro de las propuestas planteadas en audiencia pública
Educación cívica, restablecimiento de la tuición de los colegios profesionales y un sistema integrado de gestión de ética fueron algunos de los planteamientos.
La falta de ética que develan los actos de corrupción marcó gran parte de las propuestas que recibió hoy el Consejo Anticorrupción, en la segunda audiencia pública de Santiago. Las organizaciones decidieron ir más allá de las propuestas de financiamiento de la política y probidad, apuntando al origen de las conductas ilícitas presentes en los escándalos que han marcado la agenda pública.
Alejandro Toro, del Movimiento Generación 80, aseguró que actualmente se percibe una “ausencia de ética pública orientada al bien común”, y que en su lugar predomina la “ética del privilegio personal amparada en legalidad de actos y no en su legitimidad”. Por eso su primera propuesta apunto a “reponer el imperio de la ética”, que a su juicio implica que quien cometa delito o falta reconozca responsabilidad, pida disculpa y asuma costos políticos.
En la misma línea, Álvaro Ramis, del Centro Ecuménico Diego de Medellín, llamó a establecer un sistema integrado de gestión de ética para el sector público y privado. Éste debiese contar con códigos, un comité que les dé seguimiento y auditorias de expertos independientes que los evalúen.
En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo considera esencial “fortalecer la enseñanza de filosofía y ética y la formación ciudadana” a nivel escolar, a partir de la cual se promueva una participación responsable e informada. Además, postuló el restablecimiento de la tuición que dan en esta materia los colegios profesionales.
Para Eduardo Engel, presidente del Consejo Anticorrupción, “una reflexión en torno a la ética es absolutamente necesaria en medio de la crisis de confianza que atraviesa el país y medidas en esta materia deben formar parte de nuestro análisis”.
Del mundo público al privado
En el Salón O’Higgins de la Moneda, estuvieron nuevamente presentes las propuestas respecto a la regulación de la contratación de profesionales del sector público en el privado. Gonzalo Martener, de Chile 21, planteó la extensión del plazo que prohíbe dicho movimiento de personal, mientras que Juan Francisco Galli, de Chile Avanza, señaló que es preciso ampliar esta restricción a ministros, subsecretarios y jefes de servicio.
Por su parte, Paulina Ibarra, de Fundación Múltiples, puso el énfasis en la modificación de la ley sobre acceso a la información. “Nuestra idea es incluir dentro del panorama de la transparencia a toda aquella empresa que preste y maneje servicios y bienes de uso público”, precisó Ibarra.
