Discurso Final del Presidente del Consejo,
Eduardo Engel
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Viernes 24 de Abril 2015
Como presidente del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, vengo a dar cuenta de la tarea realizada de acuerdo al mandato que la Presidenta de la República nos fijó el pasado 10 de marzo.
El desafío era grande. En sólo 45 días debíamos entregar un conjunto de propuestas destinadas a producir un cambio sustantivo en la forma de comportarnos como ciudadanos en nuestras distintas actividades, especialmente en el ámbito político y de los negocios.
Las democracias que funcionan bien tienen varias características en común. Cuentan con partidos políticos fuertes, enraizados en la sociedad y con una activa democracia interna; establecen procesos justos y transparentes para elegir y fiscalizar a las autoridades; tienen gobiernos con la capacidad de formular y gestionar de manera eficaz políticas en beneficio del bien común y logran separar nítidamente los intereses privados. Es por eso que los ciudadanos confían en sus instituciones.
Los mercados desarrollados también tienen características comunes. Las empresas compiten, innovan y crean valor, ajustándose a estándares éticos rigurosos y exigentes. Las instituciones fiscalizadoras son ágiles para perseguir conductas que atentan contra la confianza en el mercado, como el uso de información privilegiada y el tráfico de influencias.
En una democracia sólida, el dinero es un componente necesario e ineludible para permitir un desarrollo político en el que todos y todas puedan participar sin importar su patrimonio. Por el contrario, cuando el financiamiento de la política no se regula y fiscaliza adecuadamente, el dinero abre la puerta a las influencias indebidas y a la captura de lo público por parte de intereses particulares. Con el paso del tiempo, esto provoca una profunda erosión de la confianza en la política.
Los casos que impactaron al país en los últimos meses surgen precisamente de nuestra incapacidad para evitar la intromisión indebida del dinero en la política, y asimismo, para regular correctamente el mundo de los negocios.
Las prácticas que hoy nos escandalizan son de larga data y fueron permeando, poco a poco, nuestra sociedad, a medida que se hacían evidentes nuestras falencias. Tarde o temprano la sociedad iba a reaccionar frente a hechos que no se condicen con una convivencia sana, democrática y éticamente aceptable.
El año 2003 se hizo un esfuerzo por reglamentar y fiscalizar el gasto electoral que fue claramente insuficiente. Más aún, sus deficiencias no sólo hicieron posible gastos inaceptables en las campañas electorales, también permitieron la circulación de platas negras, todo lo cual facilitó una cultura de financiamiento irregular, y a veces ilegal, de la política.
En el ámbito de los negocios, las limitaciones de regulación y fiscalización están en el origen del abuso de miles de consumidores y numerosos accionistas minoritarios cuyos derechos fueron ignorados y anulados.
De un tiempo a esta parte, el desprestigio de la política y del sector empresarial fue creciendo, y se fue extendiendo en la ciudadanía un clima de recelo y de malestar generalizado.
La presidenta nos llamó a buscar caminos para revertir esta situación. Los integrantes del Consejo Asesor aceptamos el desafío porque estamos convencidos de que el país puede corregir el rumbo y tomar las medidas que se requieren para fortalecer nuestra democracia, asegurar mercados que nos beneficien a todos y, así, recuperar la confianza. No es posible convivir sospechando permanentemente del prójimo. Para lograr este objetivo, se requieren reglas claras, transparentes y compartidas por todos.
Con este espíritu hemos trabajado intensamente y con rigurosidad. Tuvimos la oportunidad de dialogar con movimientos sociales y ciudadanos, partidos políticos y parlamentarios, diversas instituciones del Estado y expertos nacionales e internacionales. También recibimos propuestas de la ciudadanía a través de nuestra página web. Tuvimos más de 40 reuniones de trabajo y 8 audiencias públicas en distintas ciudades, en las que participaron 78 organizaciones ciudadanas, políticas y académicas. Nuestro informe final se benefició de todas estas voces y del trabajo realizado por comisiones que nos antecedieron.
El Consejo Asesor que me honra presidir está compuesto por personas de diversas profesiones e ideologías. Todos nos abocamos a la tarea con la misma pasión y dedicación. El debate interno fue intenso –por momentos incluso vehemente- pero siempre primó el respeto y la inmensa mayoría de nuestras propuestas fueron el resultado de un acuerdo unánime.
Nuestro informe aborda 21 temas en 5 capítulos, cada una de las cuales presenta un conjunto de propuestas concretas. Por cierto -como era de esperar-, abordamos el financiamiento de la política y la necesidad urgente de un Servicio Electoral capaz de fiscalizar con eficiencia y prontitud. Pero también nos adentramos en otros terrenos como, por ejemplo, los problemas de probidad en las municipalidades, la regulación del sector privado, la reforma de la Alta Dirección Pública, una mayor cobertura y eficacia del sistema de compras públicas y la llamada “puerta giratoria” entre los cargos públicos y los empresariales.
Presidenta, las propuestas que hoy le entregamos, tienen por objeto contribuir a fortalecer nuestra democracia y recomponer las confianzas.
Quiero agradecer profundamente a todos quienes colaboraron en la elaboración de este informe y, en forma especial, a mis colegas del Consejo que trabajaron ininterrumpidamente durante este mes y medio, con sesiones que muchas veces se prolongaron hasta la medianoche.
Creo representarlos a todos si digo que estamos satisfechos con la tarea realizada. Asumimos la preocupación de la Presidenta por el momento que vive el país, somos ciudadanos comprometidos, nos importa Chile, quisimos ser parte de la solución. Este es nuestro aporte.
Muchas gracias.
